La Dirección Ejecutiva Antidrogas (Dirandro) realizó operaciones de vigilancia, seguimiento y escucha de las comunicaciones del expresidente Ollanta Humala, de su esposa Nadine Heredia y del comando político y económico de su campaña en las elecciones presidenciales del 2011 para descubrir si detrás del origen de su financiamiento se encontraba el gobierno de Venezuela u otras compañías del extranjero, y para conocer el manejo del dinero al interior del Partido Nacionalista.
Ojo-Publico.com conoció que las interceptaciones telefónicas fueron ejecutadas por un equipo especial de inteligencia de la Policía Antidrogas (conocido como SIU, siglas de Sensitive Investigative Unit) y efectivos de escucha del programa Constelación, como se conoce al Departamento Técnico Judicial de la Dirandro (Deptejud), a cargo de la recolección de las comunicaciones en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y la criminalidad organizada.
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La Policía Antidrogas bautizó a esta operación, una de las más secretas y sorprendentes de la última década, con el apelativo de Caso ‘Humo’, en clara referencia al entonces candidato Ollanta Humala. Ojo-Publico.com accedió al expediente madre que elaboró la Dirandro al finalizar las grabaciones –150 páginas con las transcripciones resumidas de más de 540 audios seleccionados en solo tres meses de interceptación– y estableció que aquellas se iniciaron en marzo del 2011 y continuaron hasta mayo del mismo año. Hoy publicamos una parte de aquellas escuchas.
La Dirandro –según las transcripciones realizadas por los analistas de Constelación en dicho expediente– escuchó los diálogos de los teléfonos celulares y fijos de Humala (bajo el apelativo de ‘Humo’ en los documentos), Nadine Heredia, su hermano Ilan Heredia, el abogado de la pareja presidencial, Eduardo Roy Gates (dejó el cargo hace pocos meses), el excoronel EP Adrián Villafuerte, la periodista y exjefa de prensa del Partido Nacionalista, Cynthya Montes, el tesorero de dicho partido, Mario Julio Torres Aliaga, el suboficial PNP Hermógenes Pérez Mego, y el de un hombre de máxima confianza de Humala en el Ejército, Amílcar Gómez Amasifuen (llamado ‘Chicho’ o ‘Amílcar’ en el expediente), entre otras personas.
CLAVE: Amílcar Gómez Amasifuen, operador de Humala en la compra de los testigos del caso de ejecuciones extrajudiciales en Madre Mía. En esta foto se le ve dentro del Congreso durante el gobierno del hoy expresidente.
También se interceptó las comunicaciones de Jorge Ávila Rivera, testigo clave que en el 2006 acusó a Humala por violación de derechos humanos mientras este era capitán del Ejército y jefe de la base contraterrorista de Madre Mía (Alto Huallaga) en los ’90. El excandidato presidencial fue procesado por este caso, aunque luego la Corte Suprema archivó la investigación, mientras que el testigo Ávila Rivera se retractó de su denuncia, cambió su versión y acabó siendo enjuiciado por recibir dinero de Gómez Amasifuen.
La operación de ‘chuponeo’ legal empezó en marzo del 2011 y se canceló a dos semanas de la segunda vuelta del 5 de junio de aquel año, cuando se preveía que Humala iba a ganar los comicios. Al término de las escuchas, la Policía Antidrogas contaba con una impresionante colección de audios y transcripciones que concluyen que el Partido Nacionalista mantenía un importante flujo de dinero que era manejado en las sombras por Ilan Heredia, cuñado de Humala, y que era desviado por Mario Torres Aliaga, tesorero oficial del partido, para cubrir gastos que no formaban parte de la campaña presidencial.
Humala y Nadine Heredia están bajo investigación por recibir millonarias cantidades de dinero de Odebrecht.
Las escuchas de la Dirandro, realizadas día y noche durante las convulsionadas elecciones de aquel 2011, también establecieron que Humala, su exabogado Eduardo Roy Gates, su cuñado Ilan Heredia, su vocera de prensa Cynthya Montes y el tesorero Torres Aliaga conocieron y se involucraron en las irregularidades cometidas detrás de la compra de testigos de las ejecuciones extrajudiciales en Madre Mía.
Algunas de las transcripciones revelan incluso que Humala planificaba reuniones secretas con el militar Gómez Amasifuen. Este último fue su lugarteniente en el levantamiento contra Alberto Fujimori en Locumba (Tacna) en el 2000 y actualmente es conocido como uno de sus operadores en la compra de los testigos del Caso Madre Mía. En casi todas sus conversaciones, Humala trata de evitar ser reconocido como el interlocutor de Gómez Amasifuen, quien entonces asistía a juicio público por sus maniobras para obstruir la verdad detrás de lo ocurrido en aquella base del Alto Huallaga.
PERSONAJES CLAVES: Amílcar Gómez, Julio Torres e Ilan Heredia, tres personajes claves que fueron escuchados por la Dirandro mientras hablaban de movimiento de dinero. / Ojo-Publico.com
Las grabaciones también alcanzaron a Gómez Amasifuen mientras coordinaba el pago de los sobornos con el testigo del Caso Madre Mía, Jorge Ávila; y conversaba al mismo tiempo con el cajero del Partido Nacionalista, Julio Torres Aliaga, sobre los requerimientos económicos que necesitaba para dicha tarea. Las conversiones son explícitas y en ellas se habla de dinero para cancelar los gastos de los testigos, algunos de ellos conocidos como Jorge Ávila que asistía a juicio en esos días, y otros escondidos bajo un seudónimo. De los diálogos se desprende que otros militares en retiro –al igual de Gómez Amasifuen, pero residentes en diferentes partes de la Amazonía– eran remunerados por el tesorero de Humala porque conocían los hechos ocurridos en la base contraterrorista del Huallaga.
Otras transcripciones revelan que los principales integrantes del equipo de Humala, incluida Nadine Heredia, su hermano Ilan y el contador Torres Aliaga, hablaban de posibilidades de recibir dinero procedente del extranjero, de transacciones y movimientos financieros en Lima, de visitas de ejecutivos brasileños y de programación de viajes a Brasilia, capital del vecino país, en plena campaña presidencial. En aquella época, Marcelo Odebrecht, dueño de la constructora brasileña que lleva su apellido, ya había entregado millonarios montos de dinero a la pareja presidencial. Sin embargo, el Caso Lava Jato aún ni siquiera había empezado.
PROPINAS: Julio Torres Aliaga, en su condición de tesorero oficial del Partido Nacionalista, repartía dinero de la campaña presidencial a los involucrados en el soborno de los testigos del Caso Madre Mía. / Ojo-Publico.com
La operación de interceptación legal de las comunicaciones, impulsada por el entonces fiscal supraprovincial Marco Guzmán Baca y aprobada por el Poder Judicial, se desarrolló entre la primera y la segunda vuelta de las elecciones del 2011 entre Keiko Fujimori y Humala, quien finalmente ganó la presidencia. La escucha se originó en el marco de la operación de espionaje contra un personaje vinculado al cabecilla terrorista Florindo Flores Hala ‘Artemio’ en el Alto Huallaga, que además tenía contactos con el Partido Nacionalista.
Este personaje, identificado como Julio Méndez Huamán, un maderero del Huallaga, permitió a la Dirandro llegar al teléfono del militar Gómez Amasifuen (hombre clave en el pasado de Humala en el Ejército), quien entonces tenía un juicio en la Sala Penal Anticorrupción por sobornar a los testigos que acusaban al candidato presidencial en el 2006. Después de obtener el permiso judicial para escuchar a Gómez Amasifuen, la Policía Antidrogas se sorprendió al descubrir los contactos telefónicos de alto vuelo que tenía este último.
EN LA MIRA: La Dirando interceptó las comunicaciones de Humala y su entorno entre la primera y la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 2011. Aun cuando se sentían espiados, la mayoría de objetivos siguieron hablando por celular. / Ojo-Publico.com
El equipo especial de la Dirandro, dirigid0 entonces por el general PNP Carlos Morán, estableció que Gómez Amasifuen se comunicaba constantemente por los celulares de tres personajes claves para el candidato Humala: el excoronel EP Villafuerte Macha (nombrado luego asesor presidencial), la periodista Montes Llanos (elegida luego como secretaria de prensa de Palacio de Gobierno) y el contador Torres Aliaga (quien también ocupó un importante cargo en el entorno presidencial).
Inmediatamente después de identificar a estos personajes en la cúpula del Partido Nacionalista, la Policía Antidrogas obtuvo la autorización judicial del caso y el programa Constelación empezó a grabar las comunicaciones del entorno de Humala. Aquel fue el punto de quiebre para grabar las conversaciones del hoy exjefe de Estado. Hoy, a seis años del final de la operación de escucha en la sede de la Dirandro en la avenida Aramburú (Miraflores), los secretos del Caso 'Humo' empiezan a abrirse como una Caja de Pandora.