La constructora brasileña Odebrecht utilizó a la Banca Privada de Andorra (BPA), entidad financiera denunciada por el Departamento del Tesoro de EE.UU. como centro de lavado de dinero internacional, para pagar los presuntos sobornos por más de US$10 millones que fueron destinados a los funcionarios del segundo gobierno de Alan García (2006-2011) involucrados en el Caso Lava Jato.
Ojo-Publico.com estableció en US$40 millones el monto de las coimas pagadas por la constructora entre el 2006 y el 2015. De este total, alrededor del 25% involucra a personajes del segundo gobierno aprista que ocuparon puestos claves en organismos dependientes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el Ministerio de Energía y Minas (Minem).
Las autoridades de EE.UU. y Brasil identificaron a este banco de Andorra, ubicado entre Francia y España, como el preferido por la constructora para pagar sus coimas a Personas Políticamente Expuestas (PEPs) en Latinoamérica. En las investigaciones relacionadas con el Perú se ha detectado un patrón más que interesante. Odebrecht solo usó esta entidad para transferir presuntos sobornos en casos vinculados a exfuncionarios del gobierno de García, indican los documentos recopilados hasta el momento.
Las historias reveladas por El País sobre el exalto directivo de PetroPerú, Miguel Atala Herrera, y de Santiago Chau Novoa, exmiembro del comité de licitación del Metro de Lima, han sido las últimas en la nómina de casos que vinculan a Odebrecht, a la Banca Privada de Andorra y a exfuncionarios del gobierno de García.
CONTRATOS. Jorge Barata, exdirectivo de Odebrecht en Perú, junto a Alan García y el por entonces ministro Enrique Cornejo en el Metro de Lima. / La República
El primer caso salió a la luz en enero último, cuando el Ministerio Público ordenó la detención de Jorge Cuba Hidalgo, exviceministro del MTC y personaje cercano a Alan García por lo menos desde 1990, y de Edwin Luyo Barrientos, exmiembro de un comité de licitación, por recibir casi US$8 millones de Odebrecht para entregarles el segundo tramo de la Línea 1 del Metro de Lima. Desde entonces, ambos están presos por decisión de la Sala Penal Nacional.
En la recepción de la presunta coima también fueron involucrados Miguel Navarro Portugal, ex asesor del viceministro Cuba Hidalgo, quien hoy también está detenido; y Mariella Huerta Minaya, colega de Luyo, y presidenta del comité de licitación. Ella tiene orden de captura, pero su ubicación exacta es desconocida hasta ahora.
Un cuarto funcionario del segundo gobierno aprista está vinculado a presuntos sobornos de Odebrecht: Santiago Chau Novoa, también miembro del comité de licitación del Metro de Lima, recibió de la constructora brasileña más de US$ 443 mil (373.014 euros), según un informe de la Policía del Principado de Andorra revelado por el diario español El País.
Odebrecht transfirió los sobornos a estos exfuncionarios desde sus offshore Klienfeld Services LTD y Aeon Group Inc a través de la Banca Privada de Andorra. Los depósitos llegaron a Cuba Hidalgo y Luyo Barrientos en las cuentas de Oblong International Inc, Julson International SA e Hispamar International Corporation, offshores también vinculadas a Navarro Portugal y Huerta Minaya.
LAVADO DE ACTIVOS. Departamento del Tesoro de EE.UU. determinó que la Banca Privada de Andorra fue un centro de lavado de dinero internacional.
El segundo caso también fue revelado por el Ministerio Público en marzo pasado. Entonces le tocó el turno a Juan Carlos Zevallos Ugarte, expresidente del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran), entidad dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros. El Ministerio Público ordenó su detención y la Sala Penal Nacional convalidó el pedido. Desde ese mes Zevallos Ugarte está en prisión.
La Fiscalía concluyó que dicho funcionario recibió US$780 mil de Odebrecht para agilizar la entrega de los Certificados de Avance de Obras de los tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur, una de las obras más importantes que la empresa brasileña realizó en el Perú.
El tercer caso no fue revelado por el Ministerio Público, sino por el diario español El País en setiembre. Se trata de Miguel Atala Herrera, exalto directivo de Petroperú (depediente del Ministerio de Energía y Minas) entre los años 2008 y 2011. El pago por alrededor de US$900 mil fue realizado en octubre de 2007 por la offshore Klienfeld Services Ltd a nombre de la sociedad Ammarin Investment, vinculada al exfuncionario.
REVELACIÓN. Miguel Atala Herrera, estrechamente vinculado al expresidente Alan García, recibió US$ 900 mil de Odebrecht. / El País de España.
Atala Herrera está estrechamente relacionado al expresidente Alan García. Ambos, junto al exsecretario general de la presidencia Luis Nava, conformaron el consejo directivo de la Asociación Democracia Social en 2003. El exdirectivo de Petroperú también aportó más de S/ 99 mil a la campaña de Nava al Parlamento Andino en 2011, a través de su empresa Intratex Sac.
Finalmente, en la lista de funcionarios del gobierno aprista bajo investigación fiscal están: Enrique Cornejo, extitular de Transportes y Comunicaciones, y Oswaldo Plasencia, exdirector ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, dependiente del MTC, por su presunta participación en el esquema de corrupción montado por Odebrecht para obtener la licitación de la Línea 1 del Metro de Lima. Ninguno de ellos tiene medidas restrictivas o están vínculados con cuentas en el extranjero.
El 2015, el Departamento del Tesoro de EE.UU. señaló que los administradores de la Banca Privada de Andorra favorecieron por años a redes criminales transnacionales para lavar activos. Ese mismo año las autoridades de Panamá intervinieron el banco. En la actualidad, la justicia de Andorra investiga a los directivos de la entidad financiera por haber tramado con Odebrecht el blanqueo del dinero procedente de Latinoamérica.
Actualización: 4:41 p.m del 05 de octubre del 2017